Las alarmas que prendió la Procuraduría ante el final del contrato para dar la alimentación a las personas privadas de la libertad y que correspondía a la Unidad de Servicios Penitenciarios – USPEC- tuvieron eco, toda vez que se determinó prorrogar hasta el 31 de octubre el suministro de los kits alimenticios.

La respuesta del Minjusticia se dio después de que el Ministerio Público advirtiera de las graves violaciones a los derechos de aproximadamente 14.529 internos, recluidos en estaciones de policía a nivel nacional que recibían su comida gracias a la USPEC, y de los disturbios de orden público que se pudieran dar si esto llegara a suceder, pues el contrato con la USPEC vencía este 31 de julio.

Fue así como ante la preocupante situación, el ente de control expidió la Circular 001 de 2023 en la cual instaba al Gobierno Nacional y a los Gobernadores y Alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales.

En respuesta a estos requerimientos, el Ministerio de Justicia informó que se asegurará la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata-URI- por parte de la USPEC hasta el 31 de octubre de 2023, en aquellos lugares en los cuales esta venía prestando el servicio.

Asimismo, se buscará, a través de una iniciativa legislativa, dotar de funciones transitorias a la USPEC para continuar prestando el servicio de alimentación para sindicados, hasta el 30 de junio de 2024, fecha en la cual, los entes territoriales deberán asumir este servicio en todo el país.

En igual sentido, las agremiaciones de municipios y departamentos se comprometieron a trabajar con sus afiliados para concientizar a los mandatarios locales de la relevancia de esta problemática y a dejar plasmadas las obligaciones que tendrán que asumir los nuevos gobernantes.

Tras destacar la respuesta inmediata del Gobierno, la Procuraduría manifestó que seguirá vigilante del proceso que garantice los derechos de los privados de la libertad.

*Con información de Procuraduría General de la Nación